La Asamblea en defensa de las Sierras lanzó un comunicado denominado “El peligro de priorizar al lobby minero-inmobiliario” para exigir la “expropiación” de las cavas para “preservar el ambiente” en el partido de Tandil.

En la misiva expresan:

Las cavas son un pasivo ambiental generado por la actividad minera.  El lucro se privatizó y el daño quedó para la comunidad, para siempre.

El derecho de propiedad no es absoluto,  no da derecho a destruir.  Cualquiera sea el uso permitido, existen regulaciones. Hasta la minería, cuya esencia es la extracción de material, tiene obligaciones y responsabilidades respecto a los daños generados. El estado, en todos sus niveles, cuenta con diferentes competencias para controlar y hacerlas cumplir. Sin embargo, se ha naturalizado de manera absurda que el derecho al lucro a cualquier costa es superior al derecho a preservar el ambiente, al derecho al trabajo digno, a la salud, a la cultura, a la recreación, etc.

La historia  que generó las cavas demuestra la responsabilidad tanto de los privados como de las distintas gestiones en diferentes niveles.

La empresa que operaba la cantera Cerro Leones en los años noventa perdió un juicio por dejar de pagar el derecho a la extracción de la piedra y a pesar de la sentencia firme, el ejecutivo, a cargo de Zanatelli, decidió no ejercer los derechos de los tandilenses y beneficiar a los dueños de entonces. No se ejecutó la sentencia y esa deuda fue negociada en el tristemente recordado Acuerdo Marco, que perdonó a las empresas mineras  deudas por cuatro millones de pesos (igual a dólares en esos años) y las cambió por espejitos de colores  que nunca cumplieron. Ganaron tiempo para romper y baja de costos fiscales y  laborales.

A pesar de ello, la empresa CIGA quebró, dejó a trabajadores y proveedores sin cobrar lo que correspondía  y se remató  por la misma plata que le adeudaba al Municipio, ya en manos de la actual gestión, y sin que esta aprovechara ese momento para hacer  valer la deuda y comprar el predio. En dicho remate, tampoco  pudieron participar oferentes “desalentados” por la “LIGA” y  quedó en manos que  nunca aparecen claramente.  Desde entonces,  a la destrucción del patrimonio ambiental se le sumó la destrucción de patrimonio histórico-cultural.

Los responsables del daño ambiental  deben  compensar a la comunidad, a la ciudad presente y futura, por privarla de un patrimonio de valor inconmensurable. Los propietarios del pasivo son responsables por el mismo.  El municipio, la provincia y la nación, lo son subsidiariamente por no haber exigido en cada nivel lo que correspondía para evitar el daño colectivo que lleva a la situación actual.

Por eso reiteramos lo que hemos expresado en muchas oportunidades: es hora de expropiar con el objetivo de realizar un proyecto que compense a la comunidad por el daño colectivo. La actual situación,  injusta, conflictiva y riesgosa, podría resolverse con  un parque público con objetivos educativos, recreativos y culturales.

Una expropiación justa  debería justipreciar el daño ambiental: ¿Quién le debe a quién?  ¿La comunidad a la empresa o la empresa a la comunidad como titular y responsable de semejante  daño al patrimonio natural e histórico?

Las cavas son peligrosas para bañarse.  Priorizar los intereses de empresarios mineros o inmobiliarios es peligroso para las Sierras y la comunidad.